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Observatorio de
Ecología Política de Venezuela, Business & Human Rights Resource Centre |
"El alma del mundo está en los lugares donde aún no ha sido rota por el hombre" —Anónimo pemón
El Parque
Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994,
ha sido por décadas la imagen viva del paraíso sudamericano: hogar del
imponente Salto Ángel —la cascada más alta del planeta—, de los ancestrales
tepuyes y de los pueblos indígenas que han sabido convivir con la selva sin
herirla. Sin embargo, hoy este santuario natural, emblema de la venezolanidad y
reserva espiritual de la humanidad, está siendo devastado por una actividad que
devora silenciosa y brutalmente: la minería ilegal.
Lejos del
romanticismo ecológico de Gallegos en Canaima (1935), donde la selva
imponía sus leyes ante el hombre civilizado, la realidad actual invierte los
papeles: el hombre, armado de codicia y mercurio, ha sometido al bosque. Según
la organización SOS Orinoco, Venezuela ha perdido más de 820.000 hectáreas de
selva amazónica entre 2000 y 2024. Esta superficie, mayor que Puerto Rico, ha
desaparecido ante el avance de la minería ilegal, respaldada por grupos armados
y estructuras paraestatales.
Esta
devastación no es solo un crimen ambiental, sino también cultural. Los pemones,
custodios ancestrales del territorio, han sido desplazados o sometidos a
condiciones laborales propias del extractivismo más crudo. El Salto Ángel,
conocido como Kerepakupai Vená en lengua pemón, ya no es solamente
símbolo de admiración natural: es también testigo de la impunidad.
El oro
maldito: economía de la devastación
Recordemos a El
Dorado que obsesionó a los cronistas coloniales, parece haber regresado
bajo otra forma: la codicia por el oro y el coltán mueve economías clandestinas
que, según denuncias de El Nuevo Herald, generan hasta 1.500 millones de
dólares al año para consorcios vinculados al entorno presidencial. La minería
ya no se limita a zonas remotas del Orinoco; ha penetrado el corazón de
Canaima.
El periodista
José María Briceño Guerrero, en sus reflexiones sobre la “Tragedia del
mestizaje”, ya advertía que el destino latinoamericano estaba atado a una
relación conflictiva con la tierra: ni completamente indígena ni enteramente
europeo, el venezolano contemporáneo ha oscilado entre la explotación y la
desposesión. En Canaima, esa tensión se convierte en una herida abierta.
El mercurio, utilizado de forma rudimentaria e ilegal para separar el oro del sedimento, se ha convertido en uno de los mayores agentes tóxicos en el sur venezolano. Este metal pesado no se degrada fácilmente: se acumula en el agua, en los peces, y, finalmente en los cuerpos humanos que los consumen. En ríos como el Carrao, columna vertebral hídrica del Parque Nacional Canaima, los efectos son devastadores. Las comunidades indígenas pemón, que históricamente han vivido en armonía con este ecosistema, ven ahora afectada su salud por enfermedades neurológicas, problemas reproductivos y daños genéticos. Investigaciones de la Universidad de los Andes (ULA) y del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) han confirmado niveles alarmantes de mercurio en sangre en estas poblaciones, que están siendo envenenadas lentamente sin protección ni atención médica adecuada. Lo que ocurre no es solo una catástrofe ecológica: es también una violación sistemática de los derechos humanos y culturales de los pueblos originarios.
La situación en Canaima no es un caso aislado: forma parte de un colapso ambiental en cadena que recorre todo el país. El Lago de Maracaibo, el cuerpo de agua más grande de América del Sur agoniza bajo la proliferación de algas y la constante fuga de crudo que cubre sus orillas como una piel enferma. El Lago de Valencia, cada vez más salinizando por la descarga de aguas negras, amenaza con desbordarse y contaminar comunidades cercanas. En el Caribe venezolano, la expansión descontrolada de la Unomia stolonifera —una especie invasora de coral blando— ha desplazado fauna marina nativa y alterado irreversiblemente los arrecifes. Todo esto ocurre en un contexto de desinstitucionalización de la política ambiental: el Ministerio del Ambiente fue disuelto en 2014 y sustituido por organismos sin capacidad técnica ni voluntad política. Venezuela se ha convertido, en palabras del geógrafo Carlos Walter Porto-Gonçalves, en un “territorio laboratorio del extractivismo salvaje”, donde los ciclos de vida y muerte se aceleran sin ningún tipo de contención ética, legal o ecológica.
¿Y la comunidad internacional?
La pasividad internacional, envuelta en debates diplomáticos o intereses geopolíticos, ha hecho poco por contener esta destrucción. La situación de Canaima exige no solo sanciones o denuncias, sino una coalición urgente de defensa ambiental y cultural.
Como diría Eduardo Galeano, “la naturaleza está al servicio del capital hasta que colapsa; después, ya no interesa”. En Canaima, ese colapso está en curso.
Referencias bibliográficas y documentales
Briceño,
J. M. El laberinto de los tres minotauros. Monte Ávila, 1990.
El
Nuevo Herald. “Consorcio ligado a familia de Maduro gana millones con el oro
ilegal”, 2024.
Fernández,
L., & Gómez, R. (2020). Minería ilegal y contaminación ambiental en la
cuenca del río Carrao, Canaima.
Memorias del Congreso Venezolano de Ciencias Ambientales, pp. 123-135.
Fundación
Tierra Viva. Amazonía venezolana: crisis, territorios y resiliencia,
2021.
Gallegos,
R. Canaima. Editorial Araluce, 1935.
Human
Rights Watch. “Venezuela’s Gold: Violence and Impunity in the Mining Arc”,
2020.
Pérez,
J., & Rivas, D. (2019). Impacto del mercurio en la salud de comunidades
indígenas en la Gran Sabana, Venezuela.
Revista Científica de la Universidad de Los Andes, Vol. 24(2), pp. 45-62.
Rodríguez,
M., et al. (2018). Contaminación por mercurio y evaluación genotóxica en
poblaciones indígenas del sur de Venezuela.
Boletín del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), 31(1),
pp. 98-110.
SOS
Orinoco. Reportes de deforestación y minería ilegal en Venezuela, 2023.
UNESCO. Patrimonios en peligro: Canaima, 2022.
